Resolución del SII obliga a las isapres a pagar impuestos por las costas de los juicios

Aseguradoras dicen que consecuencias son “impredecibles”:

Este año se proyectan 150 mil recursos. Por cada uno que pierdan, deberán gastar $130 mil, además de un 35% de esa cifra en tributos.

RENÉ OLIVARES
Las proyecciones para este año advierten que unos 150 mil usuarios de isapres acudirán a las cortes de apelaciones del país para entablar recursos de protección en contra de sus aseguradoras, para impugnar así el alza del precio base de los planes.

En 2015 fueron 133 mil juicios, de los cuales más del 99% fueron ganados por los cotizantes, y las empresas condenadas a no aplicar el reajuste y a pagar las costas.

La Tercera Sala de la Corte Suprema resolvió en diciembre pasado que por cada uno de esos juicios, quien sea condenado en costas deberá pagar $130 mil.

De ahí la trascendencia de la resolución de ayer del Servicio de Impuestos Internos, firmada por su director (s), Víctor Villalón, que impuso que las aseguradoras deben pagar impuestos por estos dineros. La decisión se basa en que estos pagos no son necesarios para producir la renta que generan las isapres. Por eso, afirma que se deben considerar dentro de la categoría de “gastos rechazados”.

Así, las isapres deberán pagar un impuesto del 35% sobre el monto de los gastos donde se incluyen tales costas.

Según el SII, el monto que adeudan en impuestos las siete isapres abiertas del país es de $6.571 millones, que sumados los reajustes, intereses y multas, alcanza a $12.647 millones.

Las isapres deberán pagar este monto, correspondiente a 2013, 2014 y 2015, y a partir de entonces aumentará la carga impositiva a un 40%.

La definición del SII provocó la reacción casi inmediata de las isapres. El presidente del gremio, Rafael Caviedes, sostuvo que esta definición tiene un impacto “impredecible” y aseguró que cada empresa analizará y tomará las acciones que estime pertinentes para impugnar la decisión de la autoridad. “Dado los montos involucrados en el pago de estas costas, el impacto de tal decisión es impredecible para el sector privado de salud”.

Las isapres han expuesto que los aumentos de los costos del sistema, unido a la judicialización, podrían hacer inviable su negocio a futuro.

Luis Romero, gerente general de Colmena -aseguradora que no pertenece a la Asociación de Isapres y que posee el mayor porcentaje de afiliados que han recurrido a la justicia- fue aún más allá: advirtió que “no ha existido reflexión ni cálculo técnico para considerar las graves consecuencias que la decisión tendrá en la salud de la población”.

Según el ejecutivo, “parece existir un problema de bipolaridad estatal: por una parte, se decide castigar tributariamente las costas judiciales de las isapres provocando un descalabro financiero para la industria; y, por la otra, es la propia autoridad que, debido a su ineficacia y falta de voluntad política, sigue agudizando el problema de las costas al no dar atajo a la judicialización del sector”.
Recuadro :
$12.647 millones es la deuda a la fecha que el SII calcula para las siete isapres abiertas.

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